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La firma electrónica llegó para quedarse

Mucho tiempo debió transcurrir para que los ecuatorianos pudiesen gozar de las ventajas de la firma electrónica. La historia de esta herramienta digital en el Ecuador comenzó en el año 2002 y ahora se ha consolidado como un elemento imprescindible para efectuar gran cantidad de trámites.

La humanidad apenas había inaugurado un nuevo milenio, y en el  año 2002 se emitía en el Ecuador la Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensaje de Datos. Sin embargo, la verdadera operatividad de la figura de firma electrónica como insumo tecnológico para resolver trámites, no ocurriría sino después de seis años, cuando en octubre de 2008 se acreditó al Banco Centtral del Ecuador como la primera entidad de certificación de firma electrónica en el Ecuador. Para el 2014, esa entidad suscribió un contrato con el Registro Civil para que brindase los servicios de emisión, renovación y revocación de los certificados digitales de firma electrónica, tanto para personas naturales como jurídicas.

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De acuerdo a estadísticas del Banco Central, Arcotel y el Registro Civil, el crecimiento del uso de firma electrónica fue inicialmente discreto. En 2009 se emitieron apenas 2.363 certificados de firma electrónica; a junio de 2011 aumentaron a 7.000 y para septiembre de ese mismo año llegaron a 8.519 certificados a nivel nacional. De todas formas, en diciembre de 2012 ese crecimiento comenzó a consolidarse con firmeza, llegando a 24.000 los certificados, según datos del Banco Central.

Cuando llegó septiembre de 2019, 176.420 personas usaban la firma electrónica en el Ecuador, según datos de Arcotel, y solamente en el 2021, de acuerdo a cifras del Registro Civil, 88.160 personas más solicitaron la firma electrónica. 67.447 de ellos fueron ciudadanos que la requirieron como personas naturales, la mayor parte con el fin de emitir y cobrar ingresos a través de facturas electrónicas.

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El 28 de enero de 2020 se emitió el decreto ejecutivo 981 que obliga a los funcionarios públicos a poseer un certificado de firma electrónica para persona natural, para lo cual el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información creó su propia plataforma. Este hito marca claramente las potencialidades que tiene la firma electrónica como un elemento que beneficia enormemente a la sociedad, pues solamente al interior de la Función Pública, entre 2020 y 2021, se produjo un ahorro de 5 millones de dólares que se destinaban a gasto en papel e impresión de documentos, sin contar el hecho de que en lo que va de 2022 los funcionarios públicos han emitido 40 millones de firmas para validar con mucha mayor rapidez millones de trámites.

En la actualidad, más de un millón de personas cuentan con una firma electrónica activa, y existe un franco crecimiento de proveedores privados que brindan el servicio de firma electrónica a los ciudadanos, entre ellos ArgosData que, con su producto Signare, se posiciona como la mejor opción del mercado por su costo, seguridad, transparencia, rapidez y respaldo tecnológico internacional.